12/08/2016 | Enric Prat
Okupar es usar o vivir en espacios desocupados durante un tiempo indefinido sin el consentimiento de sus propietarios. Se okupa para denunciar las dificultades de acceso a la vivienda cuando las tasas de pobreza, paro y precariedad laboral son muy altas, los salarios bajos y los precios de las viviendas y de los alquileres son muy altos, unido a la existencia de una gran cantidad de viviendas desocupadas. Y para poner de relieve la escasez de espacios de sociabilidad y de expresión artística no mercantilizados para los jóvenes, mientras existen espacios desocupados, bastantes de ellos abandonados.
Son fundamentalmente de tres tipos: la okupación como alternativa de vivienda, para no pagar los alto precios y para hacer la experiencia de vivir en una comunidad intencional. La okupación conservacionista, para preservar casas y pueblos abandonados o edificios históricos que se iban a derribar o que se estaban deteriorando; en algunas de las casas y pueblos okupados se ha desarrollado la agricultura ecológica, se han utilizado energías limpias y renovables, y se ha practicado el consumo responsable. Y la okupación para crear centros sociales en los que se ofrecen servicios (bar, biblioteca…) y se ponen en práctica actividades y experiencias colectivas. En algunos de ellos también hay un espacio de vivienda para las personas que los gestionan y dinamizan.
En bastantes de las okupaciones observamos una mezcla de las tres modalidades. Por ejemplo, hay algunas okupaciones conservacionistas que también son alternativa de vivienda y tienen espacios abiertos de sociabilidad. Es el caso de Can Masdeu, okupada y autogestionada desde diciembre del 2001 por una treintena de personas que conviven de manera permanente y que resistió un intento de desalojo en 2002. Entre sus proyectos hay huertos comunitarios, agricultura ecológica, educación ambiental y un centro social. Desde el inicio han mantenido una estrecha relación y colaboración con las entidades y las asociaciones de Nou Barris.
El movimiento de las okupaciones utiliza fundamentalmente formas de acción de confrontación y su estrategia de lucha está basada en la desobediencia civil. Entre las formas de acción empleadas hay que resaltar la okupación, la resistencia pasiva desde el edificio okupado durante su desalojo, la concentración de protesta durante el desalojo del edificio okupado, la manifestación en la calle tras el desalojo del edificio okupado y la reokupación tras el desalojo (en el mismo espacio o en uno alternativo).
Para la gran mayoría de los que la han practicado, un requisito imprescindible de la desobediencia civil es que se realice de forma no violenta. ¿Por qué? En primer lugar, por una cuestión de principios éticos, morales o políticos. En segundo lugar, por los inconvenientes que presentan las acciones violentas de cara a conseguir legitimidad social y aliados políticos, ya que son condenadas por la mayoría de la población, los medios de comunicación, los partidos políticos, las organizaciones sociales y las instituciones democráticas. Y en tercer lugar, porque la violencia facilita la legitimación de la respuesta represiva de las autoridades e imposibilita que pueda ser realizada por un número significativo de personas debido a los elevados costes personales que comporta su práctica (prisión, torturas e incluso la muerte), además de ser impotente ante la evidente y aplastante superioridad de las instituciones armadas al servicio del Estado (policías y ejércitos).
Ahora bien, cuando la policía practica desalojos de manera violenta la evolución de los acontecimientos es impredecible, entre otros motivos porque en las acciones de respuesta participa una diversidad de grupos políticos y sociales, algunos de ellos proclives a protestar destruyendo bienes materiales e incluso no rehuyendo el enfrentamiento físico con la policía. Ante esas situaciones, la criminalización del movimiento de las okupaciones no sólo es injusta sino que conduce a un agravamiento del problema planteado, que es fundamentalmente social y político y no de orden público. Lo más sensato es que los gobiernos municipal y autonómico intenten establecer un diálogo con el colectivo de okupas y con las asociaciones vecinales con el propósito de acordar el cese de la violencia y el inicio de un proceso de negociación que se proponga como objetivo la resolución del conflicto generado a través de un pacto satisfactorio para todas las partes afectadas. Difícil pero no imposible de conseguir.
02/08/2016
Enric Prat Carvajal es historiador y profesor de Ciencia Política en la UAB.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/08/01/catalunya/1470070231_294910.html
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